El desembarco de Uber en la provincia generó polémica en distintos ámbitos. Por un lado ocasionó resistencia en el sector de los trabajadores de la actividad taximetrera, quienes salieron a protestar a las calles en repudio a la «competencia desigual», y por otro lado motivó a los funcionarios a esbozar sus posturas respecto a la situación, entre ellos el legislador Daniel Deiana, quien presentó un proyecto para evitar la nueva modalidad de transporte.
«Si bien creemos que se debe mejorar el actual servicio de taxi, que está cuestionado por haber participado en hechos delictivos y por incumplimientos en algunos casos, en esta crisis económica soportar una competencia desleal puede ser el certificado de defunción de la actividad», sostuvo.
Consultado por la postura de sus pares legisladores, aseguró que no está en carpeta «aprobar ninguna ley que produzca la pérdida de fuentes de trabajo de la actividad regulada de taxis». Además, resaltó que el funcionamiento de Uber «no está regido por la legislación de transporte de Tucumán».
En coincidencia con la postura de Antonio Rodríguez, referente de ATIAT (Asociación de Trabajadores Involucrados en la Actividad Taximetrera de Tucumán), señaló que se trata de una modalidad de transporte de pasajeros que «implica una competencia desigual» debido a que para trabajar «no realizan habilitaciones ni cumplen con las normas que tienen los taxistas».
Para finalizar, dejó en claro su postura y aseguró que existe un riesgo de pérdidas de fuentes de trabajo en un contexto delicado en el plano económico. «Que este tipo de servicios foráneos se instalen en la provincia pone en riesgo la fuente de trabajo de 30 mil familias que viven de este tipo de transporte», cerró.
Fuente: La Gaceta de Tucumán
